📄 El 09-09-2026 fue publicado en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Número 482-2026, que contiene la creación del Reglamento para la Ley de la Procuraduría General de la Nación Decreto Número 07-2026.

Nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación

El Procurador General de la Nación emitió el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación, con fundamento en el artículo 252 de la Constitución y el artículo 56 de la Ley Orgánica contenida en el Decreto 7-2026 del Congreso de la República. El acuerdo fue firmado el 4 de septiembre y publicado en el Diario de Centro América el 9 de septiembre. Son 114 artículos repartidos en diez títulos, y entra en vigor ocho días después de su publicación: el 17 de septiembre de 2026.

Qué tipo de reglamento es este

Es, sobre todo, un reglamento de organización. Su centro de gravedad está en el Título IV, que reparte competencias entre seis órganos de nivel superior —Consultoría del Estado, Secretaría General, Subprocuraduría de Defensa del Estado, Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia y Gerencia General— y despliega una estructura administrativa que baja hasta el nivel de sección.

Esa vocación descriptiva tiene una consecuencia que conviene anticipar. Buena parte del articulado enuncia qué dependencia existe y qué materia atiende, y cierra con la misma fórmula: las funciones se encontrarán reguladas en el Reglamento Orgánico Interno de la institución. Esa remisión aparece en más de veinte artículos. A ella se suman las del Reglamento Interior de Trabajo, el reglamento de la carrera administrativa, el reglamento propio de la Subprocuraduría de la Niñez, el Manual de Clasificación de Puestos y Salarios y dos reglamentos más de personal.

Dicho de otro modo: el Acuerdo 482-2026 dibuja el mapa, pero el contenido funcional concreto queda pendiente de una batería de instrumentos internos cuya emisión el propio texto no calendariza.

El artículo 109 y lo que no crea

Hay una tensión que merece atención. El artículo 24 despliega una estructura completa de direcciones, departamentos, secciones y unidades nominadas. El artículo 109, en las disposiciones finales, dispone que ninguna disposición del reglamento se interpretará como creación, modificación o supresión automática de esas mismas dependencias.

Leídos juntos, el reglamento nombra una estructura sin constituirla. El efecto creador queda diferido a la normativa interna que se emita y al organigrama que apruebe la Autoridad Máxima conforme al artículo 8. En la práctica, la existencia jurídica de cada dependencia listada no puede acreditarse solo con el artículo 24.

Obligaciones hacia afuera de la institución

El ámbito de aplicación no se agota en el personal de la Procuraduría. El artículo 2 extiende el deber de observancia a las dependencias del Estado y a los usuarios de los procesos que se tramitan ante la institución.

El artículo 5 va más lejos: obliga a los organismos y entidades del Estado a proporcionar información y documentación en el plazo que la Procuraduría fije y de forma gratuita, a remitir expedientes completos con dictámenes e informes pertinentes, y a cooperar en la práctica de diligencias. La única excepción reconocida son las limitaciones de reserva legal.

Son cargas dirigidas a terceros institucionales, contenidas en un acuerdo del Procurador General. Su sostenibilidad depende de que la Ley Orgánica ya contenga la habilitación correspondiente; el reglamento no la cita en esos artículos.

Consultoría y representación: una separación explícita

El artículo 30 es probablemente la regla más consistente del Título IV, porque resuelve un conflicto en lugar de describirlo. Establece que las funciones de consultoría y asesoría jurídica se ejercen de forma técnica e independiente de las facultades de representación legal del Estado; que los dictámenes de la Consultoría del Estado no tienen carácter vinculante ni sustituyen la responsabilidad de la administración activa en la toma de decisiones; y que, ante criterios técnicos divergentes entre el área consultiva y la representativa, corresponde al Procurador General determinar el criterio institucional prevaleciente, previo informe circunstanciado de ambas dependencias.

Para quien solicita opinión a la Procuraduría, la regla importa: el dictamen orienta, no decide, y no traslada la responsabilidad de quien resuelve.

El régimen disciplinario

Los Títulos VIII y IX contienen la parte del acuerdo con consecuencias inmediatas y plazos exigibles. Las faltas se clasifican en leves, graves y gravísimas, y las sanciones son cuatro: amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión en el trabajo sin goce de salario y destitución.

La suspensión está graduada por tramos. Hasta veinte días en un año calendario por faltas graves, y de veintiuno a cuarenta días en un año calendario por faltas gravísimas. Quién impone la sanción también depende del grado: la Dirección de Recursos Humanos en las faltas leves y graves, la Autoridad Máxima —el Procurador General— en las gravísimas y en la destitución.

La reincidencia no tiene régimen general. Se trata mediante dos reglas de escalamiento insertas en los propios catálogos: reincidir por tercera vez en una falta leve, habiendo sido sancionadas las dos primeras, la convierte en falta grave; y la tercera falta grave cometida dentro de un año, con las dos primeras sancionadas, se convierte en gravísima. Ambas exigen sanción previa efectiva, no la mera comisión.

El procedimiento tiene una cadena completa de plazos, todos breves: quince días para suscribir el acta administrativa, tres para trasladar la certificación, tres para notificar, no más de ocho para señalar audiencia —más dos por el término de la distancia—, cinco para resolver. El servidor puede acompañarse de abogado defensor en la audiencia.

Dos vías de impugnación que no se articulan

El artículo 11 abre los recursos de revocatoria y reposición contra las resoluciones del Procurador General, conforme al Decreto 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo. El artículo 101 declara, en cambio, que contra lo resuelto en materia disciplinaria procede únicamente el recurso de revisión, que se interpone dentro de los tres días siguientes a la notificación y se resuelve dentro de los cinco días siguientes.

Una resolución de destitución dictada por la Autoridad Máxima queda alcanzada por ambos enunciados. El texto no resuelve la concurrencia, no establece cuál desplaza a cuál, y tampoco aclara si agotada la revisión queda expedita la vía contencioso administrativa. Es un punto que la práctica tendrá que asentar.

Régimen laboral y patrimonio

El artículo 75 afirma un régimen laboral de carácter propio, derivado de la descentralización conferida por la Ley Orgánica. El artículo 78 enumera trece puestos de libre nombramiento y remoción, desde el Consultor del Estado hasta las jefaturas de sección; el 79 sujeta los demás a convocatoria a concurso de oposición. El artículo 80 preserva la aplicación del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.

En materia patrimonial, el artículo 74 obliga a mantener un registro unificado de bienes institucionales que permita identificación, control, trazabilidad y conciliación. Su párrafo final habilita la aplicación supletoria de la legislación tributaria vigente para clasificar y valorar bienes, en cuanto resulte compatible con la naturaleza jurídica y el régimen especial de la Procuraduría.

Sin cláusula derogatoria

El acuerdo no deroga expresamente instrumento alguno. En una institución que venía operando con normativa interna anterior, eso obliga a resolver por incompatibilidad las colisiones con acuerdos previos, con el auxilio del artículo 6 —jerarquía normativa y supletoriedad— y del artículo 111, que mantiene en trámite los expedientes y procesos en curso conforme a la normativa vigente al momento de su inicio.

Lo que queda por ver

Ocho días de vacatio legis para una reorganización de esta escala es poco. El artículo 108 encomienda a las dependencias adoptar las medidas administrativas necesarias para la implementación y el artículo 112 exige una transición de puestos coordinada y congruente en tiempo y recursos, pero ninguno de los dos fija plazo.

La utilidad práctica del reglamento quedará medida por la emisión del Reglamento Orgánico Interno. Mientras ese instrumento no exista, la mayor parte del Título IV enuncia dependencias cuyas funciones concretas permanecen indeterminadas, y el artículo 109 impide suplir esa indeterminación por vía interpretativa.

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⏱️ La vigencia de este Decreto iniciará ocho días después de su publicación en el Diario Oficial de Centro América.

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